Recientemente, varios representantes del Congreso de los Estados Unidos ("EE.UU."), liderados por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Defensa, expresaron al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ("OCDE"), sus objeciones al Impuesto Mínimo Global propuesto bajo el Pilar 2. También manifestaron su apoyo a una demanda presentada por la Cámara de Comercio de Empresas Libres Americanas en el Tribunal Constitucional de Bélgica, impugnando la Regla de Utilidades Insuficientemente Gravadas ("UTPR" por sus siglas en inglés).

A continuación, se resumen sus motivos de oposición:

a) Hace siete años, Estados Unidos promulgó un régimen denominado “Ingreso global intangible de baja tributación” ("GILTI" por sus siglas en inglés), que es un robusto impuesto mínimo global. Por lo tanto, el Congreso de EE.UU. no tiene la intención de reemplazar este mecanismo establecido para prevenir prácticas fiscales abusivas llevadas a cabo por empresas multinacionales con la propuesta de la OCDE.

b) “Implementar la UTPR y otras políticas de la OCDE requeriría que EE.UU. renuncie a 120 mil millones de dólares en ingresos a favor de gobiernos extranjeros”, mientras otorga ventajas competitivas a países como China.

c) “La UTPR afectaría desproporcionadamente a los trabajadores y empresas de EE.UU.”, permitiendo que los gobiernos extranjeros reclamen incentivos fiscales críticos de EE.UU. y socaven las operaciones de las empresas estadounidenses en otras jurisdicciones.

d) La administración Biden-Harris no tiene la autoridad para imponer ningún acuerdo fiscal internacional sin la aprobación del Congreso, ya que la “Constitución de EE.UU. otorga este poder exclusivamente al Congreso, no al Presidente”.

Además, expresaron que la "UTPR es fundamentalmente defectuosa", ya que permitiría a entidades respaldadas por el Partido Comunista Chino ("PCC"), junto con otros países, explotar el acuerdo fiscal global de la OCDE a su favor.

Para aclarar, la UTPR está diseñada para actuar como una medida de respaldo a la regla de Inclusión de Ingresos ("IIR" por sus siglas en inglés). La OCDE propuso dos mecanismos de asignación para distribuir el impuesto complementario a las entidades que realizan pagos directos a una Entidad Constitutiva ("CE" por sus siglas en inglés) ubicada en una jurisdicción de baja o nula tributación ("Low-Taxed CE" por sus siglas en inglés). El primer mecanismo, ajusta los pagos deducibles intragrupo realizados directamente a una Low-Taxed CE, mientras que el impuesto complementario restante se asigna a los contribuyentes de la UTPR bajo el segundo mecanismo de asignación, en función de sus gastos netos intragrupo con independencia de que se efectúen a jurisdicciones de baja o nula imposición o no. Esta segunda clave tiene como objetivo prevenir el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja tributación al dirigirse a estructuras de financiamiento indirecto intragrupo.

La carta también destacó preocupaciones sobre la instrucción del gobierno chino para que las empresas estatales reemplacen a las principales firmas contables occidentales (las "Cuatro Grandes") con auditores locales de China y Hong Kong, lo cual levanta dudas sobre la precisión, honestidad y transparencia de los informes financieros corporativos.

Finalmente, el Congreso de EE.UU. expresó su apoyo a otros países que quieran promulgar sus propios impuestos mínimos globales tipo GILTI y criticó a la OCDE por no "reconocer adecuadamente a GILTI como el primer y único impuesto mínimo global probado en el mundo, lo cual permitirá que los gobiernos extranjeros apunten injustamente a los intereses de EE.UU.".

El destino de las propuestas de la OCDE está estrechamente vinculado al proceso político y legislativo de EE.UU., donde las leyes fiscales rara vez se aprueban sin apoyo bipartidista.

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